La tensión en torno a la llamada Ley Casco aumentó después de que alrededor de un centenar de motociclistas se movilizaran desde el Estadio Cuauhtémoc hasta el Centro Integral de Servicios (CIS) de Angelópolis. La protesta provocó el cierre parcial de la Vía Atlixcáyotl y generó congestionamiento vehicular durante varias horas.
Los manifestantes exigieron la derogación de la reforma que obliga a los motociclistas a portar en el casco un distintivo con tecnología de identificación mediante microchip RFID y código QR. Entre los inconformes participaron integrantes del Movimiento Motociclista del Estado de Puebla, motoclubes y repartidores de plataformas digitales.
Después de la movilización, representantes del sector sostuvieron una reunión con el gobernador Alejandro Armenta, el presidente del Congreso local, Pavel Gaspar, y funcionarios estatales. Como resultado, se acordó realizar nuevas mesas de trabajo el 21 de septiembre de 2026.
El encuentro tendrá como objetivo revisar desde el punto de vista jurídico y operativo las disposiciones de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial que afectan a los conductores de motocicletas. El gobierno también se comprometió a responder por escrito a las propuestas planteadas por los grupos de motociclistas.
Uno de los acuerdos inmediatos fue suspender la entrega de los dispositivos adheribles al casco. La Secretaría de Movilidad y Transporte informó que el reparto se reanudará después de la reunión de septiembre, tomando en cuenta los acuerdos que se alcancen con los motociclistas.
La llamada Ley Casco fue aprobada por el Congreso de Puebla en 2025 y su aplicación comenzó el pasado 16 de julio. El gobierno estatal ha defendido la medida como parte de una estrategia para combatir delitos cometidos presuntamente mediante motocicletas. Sin embargo, los opositores sostienen que el distintivo representa una carga adicional para quienes utilizan estos vehículos y cuestionan su efectividad para combatir la delincuencia.
A esta oposición se sumó el PAN. Su dirigente estatal, Mario Riestra Piña, anunció que la bancada panista presentará una iniciativa ante el Congreso de Puebla para eliminar la medida. Riestra argumentó que la regulación parte de una generalización que termina estigmatizando a todos los motociclistas. También cuestionó que el gobierno utilice como argumento los 1.295 eventos delictivos registrados en 2024 en los que los presuntos responsables se desplazaban en motocicleta, sin compararlos con delitos cometidos utilizando otros medios de transporte.
El dirigente panista también señaló que los siniestros viales protagonizados por motocicletas aumentaron de 580 en 2020 a mil 461 en 2024, un incremento de 152%. Por ello, sostuvo que la prioridad de las autoridades debería ser reducir las muertes y lesiones derivadas de accidentes, en lugar de imponer mecanismos de identificación.
Además, de acuerdo con las cifras citadas por Riestra, Puebla cuenta con alrededor de 181.000 motocicletas registradas, mientras que el primer lote de distintivos entregado por el gobierno fue de 45.000, equivalente al 24.8% del parque vehicular.
El conflicto, por ahora, quedó en pausa. El gobierno de Armenta mantendrá suspendida la entrega de los engomados hasta septiembre, mientras los motociclistas preparan nuevas propuestas y el PAN busca llevar al Congreso una iniciativa para eliminar definitivamente la polémica regulación.
