La inversión de 4.000 millones de pesos anunciada por Carlos Slim para un proyecto inmobiliario en Paseo de San Francisco provocó un choque político en Puebla, luego de que el gobernador Alejandro Armenta cuestionara que los intereses particulares puedan colocarse por encima del interés público. “Cuando el interés privado, personal, de los negocios familiares se antepone al interés público es corrupción, abuso de poder, saqueo, concentración de la riqueza”, afirmó el mandatario, al referirse a la necesidad de que cualquier proyecto privado quede sujeto al interés de la sociedad y a las disposiciones correspondientes. El pronunciamiento ocurrió después de que el empresario Carlos Slim y el alcalde de Puebla, José Chedraui Budib, presentaran el proyecto para intervenir la zona de Paseo de San Francisco, en el Centro Histórico de la capital poblana.
La propuesta contempla una inversión para desarrollar un complejo de aproximadamente 45.000 metros cuadrados, con vivienda, comercios, oficinas, espacios educativos, áreas abiertas y distintos servicios. El proyecto también contempla la construcción de alrededor de 700 departamentos, además de estacionamientos y corredores comerciales.
La ubicación de la obra convirtió al proyecto en un asunto especialmente sensible. Paseo de San Francisco se encuentra en la zona histórica de Puebla, a pocas calles del Zócalo, dentro del perímetro reconocido como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. A la discusión se sumó además el vínculo familiar entre ambos actores. El hijo del alcalde José Chedraui está casado con una nieta de Carlos Slim, una relación que ha alimentado cuestionamientos políticos sobre el contexto en el que fue presentado el proyecto. Algunos sectores interpretaron la presencia del empresario en Puebla como una señal de respaldo a la administración municipal de Chedraui.
El gabinete de Armenta también cuestiona el proyecto
Después de las declaraciones del gobernador, varios integrantes de su gabinete fijaron postura sobre la inversión y plantearon condiciones para que pueda avanzar. El secretario de Cultura, Fritz Glockner, pidió que el proyecto cumpla estrictamente con las normas aplicables al Centro Histórico y advirtió sobre los riesgos de gentrificación y afectaciones a los barrios fundacionales de El Alto y San Francisco. Glockner señaló que la inversión no debe traducirse en desplazamiento de los habitantes de la zona ni en una transformación que ignore el patrimonio y la identidad de los barrios históricos.
Por su parte, la secretaria de Desarrollo Turístico, Carla López-Malo Villalón, aclaró que no existe una oposición a las inversiones que generen empleos y actividad económica, pero sostuvo que cualquier intervención debe preservar la identidad local y considerar a las familias que actualmente habitan el sector. La funcionaria planteó que el desarrollo económico debe avanzar junto con la protección de las características históricas y sociales de la zona.
En tanto, la titular de Planeación, Finanzas y Administración, Daniela Stephanie Pérez Calderón, consideró necesario revisar los efectos que una intervención de esta magnitud podría tener sobre los recursos y la infraestructura pública de la zona.
La polémica no se limita al tamaño de la inversión. También existen cuestionamientos relacionados con el impacto urbano, la conservación del patrimonio y la infraestructura que rodea al proyecto. El complejo se plantea en una zona donde conviven edificios históricos, comercios, viviendas y espacios públicos, por lo que cualquier intervención requiere cumplir con las autorizaciones y disposiciones correspondientes. Mientras Grupo Carso plantea una inversión millonaria para transformar Paseo de San Francisco, el gobierno estatal ha dejado claro que el proyecto deberá sujetarse al interés público y a las reglas de protección patrimonial.
El gobernador Armenta resumió su postura al insistir en que “el interés personal de un privado, de un gobernante, de un funcionario, de un empresario, no esté por encima del interés público”. Así, una inversión anunciada como uno de los grandes proyectos inmobiliarios para el Centro Histórico de Puebla quedó envuelta en una disputa política que pone sobre la mesa dinero, patrimonio, intereses privados y el futuro urbano de una de las zonas más emblemáticas de la capital poblana.
