El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) de Tlaxcala, Javier Marroquín Calderón, enfrenta críticas luego de responder a la diputada panista Miriam Martínez Sánchez, quien propuso establecer cinco años de residencia efectiva como requisito para funcionarios foráneos que busquen ocupar cargos estratégicos en el Gobierno estatal.
Durante el intercambio, el funcionario cuestionó a la legisladora y le pidió que “estudie” y que no sea diputada únicamente “en tiempos electorales”. Sus declaraciones generaron señalamientos de colectivas y mujeres vinculadas con la política, quienes consideraron que sus expresiones podrían constituir violencia política contra las mujeres en razón de género y solicitaron que sean revisadas por las autoridades correspondientes.
Las críticas también se trasladaron a la actuación de Marroquín al frente de la SEDECO, particularmente ante los recientes indicadores laborales de Tlaxcala. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), durante el segundo trimestre de 2026 el estado registró 16.000 personas ocupadas menos respecto del mismo periodo del año anterior, al pasar de 687 mil a 671.000 trabajadores.
A esta situación se suma la reducción del empleo formal. Durante el primer semestre de 2026 se registró una disminución de 8.848 trabajadores afiliados al IMSS, mientras que en enero se había reportado previamente una caída de 9.389 empleos formales.
Ante estos indicadores, Marroquín ha llamado a evitar una lectura alarmista y ha atribuido parte de la situación al contexto geopolítico y geoeconómico internacional, así como a factores relacionados con el T-MEC y los aranceles. En ese contexto, el funcionario también cuestionó las declaraciones de la diputada y le pidió revisar la legislación y los factores que inciden en la pérdida de empleos.
Los cuestionamientos hacia el secretario no son nuevos. En meses anteriores, su desempeño y algunas de sus declaraciones han generado críticas en medios locales y entre actores políticos. Entre los episodios señalados se encuentra su postura tras el hallazgo de seis cuerpos en Ixtacuixtla, cuando sostuvo que el hecho no tendría un impacto negativo en las inversiones y señaló que las víctimas provenían de otros estados.
Ahora, el enfrentamiento con Martínez Sánchez volvió a colocar al titular de la SEDECO en el centro de la discusión política. Colectivas y organizaciones solicitaron la intervención del Gobierno del Estado, de la Secretaría de las Mujeres y de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso local, que preside la diputada Lorena Ruiz García, para determinar si las expresiones del funcionario ameritan alguna sanción.
Entre las medidas planteadas se encuentran la aplicación del Código de Ética de la Administración Pública Estatal y la capacitación de Marroquín en perspectiva de género. Las organizaciones también reclamaron que los funcionarios públicos mantuvieran un comportamiento acorde con sus responsabilidades y evitaron que la descalificación o la burla hacia mujeres que ejercen cargos públicos fuera normalizada.
