Guadalupe Lucero Bárcenas, quien renunció el 8 de septiembre a la presidencia municipal de Acatlán de Osorio, acusó que integrantes del grupo criminal Los Rojos estarían detrás de algunos de los regidores que impulsaron su salida del cargo.
Horas antes de que trascendiera su renuncia, la entonces alcaldesa habló con la periodista Adela Micha y aseguró que teme por su vida. Según su versión, el proceso de revocación de mandato promovido en su contra habría respondido a intereses de esa organización delictiva.
Cuestionada directamente sobre si sostenía que integrantes de Los Rojos estaban detrás de algunos regidores, Bárcenas respondió: “Así es, lo sostengo, Adela, y es más que nada visibilizar esta situación que estoy viviendo, que he vivido desde el 2023”. La exalcaldesa incluso responsabilizó públicamente al supuesto líder de ese grupo por cualquier agresión que pudiera sufrir ella o algún integrante de su familia. “Cualquier cosa que llegue a pasarme a mí o a cualquier miembro de mi familia, responsabilizo directamente al líder de este grupo delictivo de Los Rojos”, afirmó, al sostener que esa organización opera en Acatlán de Osorio, Puebla. Bárcenas rechazó que sus acusaciones fueran gratuitas y aseguró que, desde 2023, ha sido objeto de señalamientos y ataques políticos por parte de distintos personajes y de los propios regidores.
Las renuncias en el Cabildo
El Cabildo de Acatlán está integrado por diez personas, de acuerdo con la propia exalcaldesa. Entre el 8 y el 9 de septiembre, nueve integrantes presentaron su renuncia ante el Congreso de Puebla, mientras que únicamente el regidor Jesús Reyes Ramírez permanecía en funciones la mañana del miércoles.
La crisis comenzó después de que regidores impulsaran un procedimiento para solicitar la revocación de mandato de Bárcenas. Entre los señalamientos formulados contra su administración estuvieron nepotismo, presunto desvío de recursos públicos y la supuesta realización de “obras fantasma”.
La exalcaldesa negó las acusaciones y sostuvo que los expedientes técnicos de las obras cuestionadas se encuentran disponibles para ser revisados. También afirmó que la Fiscalía General del Estado había descartado la existencia de denuncias penales graves en su contra y señaló que las quejas registradas correspondían a asuntos relacionados con violencia política en razón de género.
Bárcenas adelantó que presentaría ante el Congreso documentación relacionada con sus denuncias, además de expedientes dirigidos a la Auditoría Superior del Estado y a la Fiscalía General del Estado, así como videos de las movilizaciones realizadas en su contra. La exalcaldesa también planteó que detrás del conflicto podría existir un interés económico. Según afirmó, los regidores tenían buenos salarios, pero “querían más”. Para Bárcenas, la renuncia de siete regidores y del síndico municipal, presentada un día antes de la comparecencia que estaba programada para el 10 de septiembre, también plantea dudas sobre las acusaciones que habían formulado contra su gobierno. “¿Fue para qué? ¿Para esto? ¿Para que no llegaran a la audiencia el día de mañana a presentar las supuestas pruebas que tenían en contra de mi gobierno?”, cuestionó durante la entrevista.
Pese a su renuncia, Bárcenas afirmó que acudiría a la cita legislativa para presentar las denuncias y documentación que, según dijo, respaldan sus señalamientos.
Acusaciones contra Los Rojos desde junio
Los señalamientos contra el crimen organizado no son nuevos. En junio, cuando el Cabildo aprobó por ocho votos solicitar su revocación de mandato, Bárcenas ya había señalado públicamente a María de Jesús Ocampo Álvarez y a Pedro Flores Romero, alias “El Pelle”, a quien identificó como supuesto líder de Los Rojos, como responsables de amenazas de muerte en su contra.
En aquella ocasión, la entonces presidenta municipal calificó como ilegal la sesión de Cabildo en la que se aprobó impulsar su salida y en la que también se determinó la destitución de dos colaboradores cercanos: el entonces secretario de Seguridad Pública, Juan Alberto Domínguez López, y el secretario del Ayuntamiento, Álvaro Cruz Martínez.
Bárcenas sostuvo que la decisión era irregular porque, de acuerdo con su interpretación, la presidenta municipal es quien tiene facultades para nombrar y remover a los funcionarios de su administración.
