El caso de la Casa de Gobierno de Tlaxcala dio un nuevo giro luego de que el titular de la Coordinación de Comunicación (CCOM), Antonio Martínez Velázquez, se retractara de sus declaraciones de la semana pasada y asegurara que no hubo ninguna operación propagandística en ese inmueble oficial a favor de Alfonso Sánchez.
Durante los Diálogos Circulares, el funcionario sostuvo que la investigación realizada por la Secretaría de Gobierno concluyó que no se registraron los hechos que originalmente habían sido señalados.
Martínez Velázquez afirmó que el caso corresponde ahora a la Secretaría de Gobierno, encabezada por Luis Ramírez, y aseguró que “ya no hay más que informar” al respecto.
La nueva versión contrasta con las declaraciones realizadas por el propio titular de Comunicación la semana pasada. En aquella ocasión, Martínez Velázquez había confirmado que se había utilizado la Casa de Gobierno para una actividad propagandística y posteriormente informó que tres servidores públicos habían sido cesados por su presunta participación. Sin embargo, este lunes el funcionario cambió su postura y explicó que en ese momento “no teníamos la información completa”. Ante las preguntas de los medios, evitó profundizar sobre las contradicciones entre ambas versiones y sostuvo que toda la información relacionada con el caso corresponde a la Secretaría de Gobierno.
Martínez Velázquez insistió en que la investigación de la Segob determinó que no existió la operación propagandística que había sido denunciada. El funcionario se limitó a respaldar el posicionamiento de Luis Ramírez y señaló que éste había sido claro al establecer que no se registraron actos de esa naturaleza dentro del inmueble oficial. Con ello, el Gobierno estatal busca dar por cerrado un episodio que generó cuestionamientos sobre el uso de instalaciones públicas con fines político-electorales.
¿Y los tres funcionarios cesados?
La contradicción entre las declaraciones oficiales abre ahora otro frente. Primero se informó que había existido una actividad propagandística dentro de la Casa de Gobierno y que tres servidores públicos habían sido separados de sus cargos. Ahora se sostiene que la investigación determinó que el hecho no ocurrió.
El funcionario no explicó si los tres servidores públicos efectivamente fueron cesados, si las separaciones quedaron sin efecto o bajo qué circunstancias se tomó originalmente esa decisión.
La falta de una explicación detallada alimenta las dudas sobre un caso que, de acuerdo con la postura expresada este lunes por Comunicación, quedaría prácticamente cerrado y bajo responsabilidad de la Secretaría de Gobierno.
