Representantes de los comités Defensa de los Campos Deportivos de Guadalupe Ixcotla y para la Investigación del Proyecto CECI llevaron a los tribunales el conflicto por la construcción del proyecto y promovieron un juicio de amparo contra autoridades de los tres niveles de gobierno, al considerar que se vulneraron derechos colectivos de las comunidades nahuas.
Entre las autoridades señaladas se encuentran la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros; el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto; y la presidenta municipal de Chiautempan, Blanca Estela Ángulo Meneses.
Durante una conferencia de prensa en Ciudad Judicial, en Apizaco, los representantes informaron que el recurso ya fue admitido y solicitaron al Juzgado Primero de Distrito otorgar una suspensión definitiva de los trabajos mientras se resuelve el juicio. El principal argumento de los inconformes es que las autoridades no habrían garantizado una consulta libre, previa, informada y culturalmente adecuada antes de avanzar con el proyecto.
Los comités aseguraron que incluso entregaron al IMSS una propuesta con lineamientos para llevar a cabo dicho proceso de consulta, pero señalaron que sus planteamientos no fueron tomados en cuenta.
Los representantes también cuestionaron las asambleas realizadas el 12 de junio en Santa Cruz Guadalupe y el 14 de junio en Guadalupe Ixcotla, al considerar que las condiciones en que se desarrollaron no permitieron una deliberación comunitaria suficiente. Según su versión, durante estos encuentros incluso habría participado personas ajenas a las comunidades, situación que, sostienen, afectó el carácter comunitario de las decisiones. En el caso de Guadalupe Ixcotla, además, cuestionaron que la reunión se realizara en la vía pública y no en el auditorio de la comunidad, espacio que consideran destinado para discutir y tomar decisiones colectivas.
Para los comités, el conflicto no se limita a la construcción de una obra, sino que involucra el derecho de las comunidades a participar en decisiones que puedan afectar directamente su territorio y sus espacios de uso colectivo.
Defienden los campos deportivos
Uno de los puntos centrales de la disputa es la Unidad Deportiva Guadalupe Ixcotla, ubicada en la zona de la Barranca Briones y dentro de la cuenca del río Atoyac-Zahuapan. Los representantes defendieron los campos como un espacio de uso comunitario al que acuden niñas, niños, jóvenes y personas adultas de distintas localidades. También rechazaron que exista un acuerdo comunitario para sustituir los terrenos por otro espacio deportivo y sostuvieron que los campos forman parte del patrimonio comunal de Guadalupe Ixcotla y Santa Cruz Guadalupe. Por ello, solicitaron que cualquier decisión sobre el destino de estos terrenos tome en cuenta la naturaleza comunitaria de los espacios y los derechos de los pueblos nahuas.
Denuncian hostigamiento
Durante la conferencia, los integrantes de los comités también denunciaron presuntos actos de hostigamiento y criminalización contra personas que participan en la organización comunitaria, así como contra su asesora. Ante este escenario, pidieron que el caso sea analizado bajo una perspectiva intercultural y tomando en cuenta las particularidades y derechos de las comunidades involucradas.
Finalmente, solicitaron a la jueza Karina Juárez Benavides considerar estos elementos al resolver el juicio y mantener detenidos los trabajos mediante una suspensión definitiva hasta que exista una resolución sobre el fondo del conflicto.
