La polémica por el desempeño y las declaraciones de algunos legisladores poblanos volvió a poner sobre la mesa una iniciativa que permanecía en la llamada “congeladora” del Congreso local: la Ley Salvatori, una propuesta que busca modificar los requisitos para acceder a una diputación y exigir una preparación profesional específica.
La asociación civil Poblanos Unidos para la Profesionalización del Servicio Público pidió retomar la iniciativa, presentada desde el pasado 23 de junio, que plantea reformar el artículo 36 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla para establecer que quienes aspiren a una diputación sean abogados con cédula profesional.
Actualmente, la Constitución estatal establece como requisitos ser ciudadano del estado, saber leer y escribir y tener al menos 18 años. La propuesta pretende añadir un requisito de formación profesional bajo el argumento de que quienes ocupen una curul deben contar con conocimientos suficientes para participar en la elaboración de leyes, decretos, reglamentos y demás instrumentos jurídicos.
Durante una conferencia de prensa, Alejandro Ruiz Cabrera, presidente de la asociación, sostuvo que la intención es elevar el perfil de quienes llegan al Poder Legislativo y mejorar la calidad de la técnica jurídica con la que se elaboran las normas en Puebla. La propuesta no busca únicamente modificar un requisito electoral. Sus impulsores la vinculan con el derecho humano a una buena administración pública, al considerar que la preparación de quienes ejercen funciones públicas debe contribuir a construir instituciones más eficaces. “Eso es una propuesta, obviamente es debatible, discutible, podríamos encontrarle enfoques”, reconoció Manuel Carmona Sosa, asesor jurídico de la organización, quien defendió que el objetivo es abrir una discusión sobre el perfil que debe exigirse a quienes ocupan cargos públicos.
El planteamiento cobró mayor fuerza después de las recientes polémicas protagonizadas por diputadas locales, aunque sus promotores aseguran que la iniciativa fue presentada semanas antes de que estallara el escándalo por las declaraciones de Nayeli Salvatori y Grace Palomares contra adultos mayores. De hecho, la organización sostiene que la propuesta permanece sin ser discutida por el Congreso pese a haber sido recibida el 23 de junio. Ahora busca que el debate salga de la “congeladora” y llegue al pleno legislativo.
La iniciativa ya encontró oposición dentro de Morena. Alfonso Bermúdez, representante del partido ante el instituto electoral estatal, rechazó la posibilidad de establecer el requisito de contar con una licenciatura en Derecho para aspirar a una diputación. “Esa iniciativa nació muerta”, afirmó, al considerar que la propuesta es “flagrantemente” violatoria de derechos constitucionales. El morenista sostuvo que establecer una profesión obligatoria para acceder a una diputación limitaría los derechos políticos de los ciudadanos y recordó que Morena cuenta con mecanismos de formación para sus militantes.
