SSP investiga a siete alcaldes de Puebla por presuntos vínculos con el crimen

El secretario de Seguridad Pública de Puebla, Francisco Sánchez González, confirmó que actualmente siete presidentes municipales son investigados por presuntas irregularidades y posibles vínculos con grupos delictivos. Aunque evitó revelar los nombres de los alcaldes bajo investigación para no afectar las indagatorias, señaló que se trata de los mismos municipios donde recientemente fueron detenidos siete directores de Seguridad Pública por presuntamente brindar protección y encubrir a organizaciones dedicadas a la elaboración de narcóticos.

Los municipios involucrados son Jopala, Tlaola, Tlapacoya, Chietla, Tehuitzingo, Tepatlán y Chila de la Sal. El funcionario también informó que cinco municipios permanecen bajo la administración de Consejos Municipales, debido a problemas de gobernabilidad o a la falta de condiciones para que operen sus autoridades locales de manera ordinaria.

En otro tema, Sánchez González reconoció que el robo a transportistas continúa siendo uno de los principales retos en materia de seguridad, especialmente en las autopistas que atraviesan el estado. Aunque se trata de un delito del fuero federal, aseguró que el gobierno estatal mantiene operativos conjuntos con la Guardia Nacional para reforzar la vigilancia.

Explicó que la coordinación con la corporación federal ha permitido ampliar la presencia policial tanto en las carreteras como en municipios donde se detecta el desvalijamiento de vehículos y la distribución de mercancía robada, lo que, afirmó, ha contribuido a disminuir la incidencia de este delito, aunque reconoció que aún queda trabajo por hacer.

Respecto al riesgo de infiltración del crimen organizado en los procesos electorales, el titular de la SSP informó que el tema ya fue planteado ante el Congreso del Estado durante reuniones con representantes de distintos partidos políticos. En ese sentido, indicó que la dependencia está en disposición de colaborar en la revisión de los perfiles de quienes aspiren a cargos de elección popular, con el propósito de aportar información que permita identificar posibles antecedentes o vínculos con actividades ilícitas.

Finalmente, Sánchez González destacó que fortalecer los filtros en la selección de candidaturas contribuirá a evitar que personas relacionadas con la delincuencia organizada lleguen a ocupar cargos públicos, como, dijo, ocurrió en algunos casos durante el proceso electoral anterior.

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