El arranque de la llamada Ley Casco estuvo marcado por el caos. Cientos de motociclistas acudieron al Centro Integral de Servicios (CIS) para obtener el engomado con microchip obligatorio. Sin embargo, la Secretaría de Movilidad no contaba con el material, situación que desató inconformidad y derivó en una movilización hacia el Congreso del Estado.
Más de 100 motociclistas, entre integrantes de motoclubes y repartidores por aplicación, protestaron contra la nueva legislación al denunciar que, además de las fallas en su implementación, la reforma mantiene vacíos que generan incertidumbre para miles de usuarios. Los inconformes exigieron ampliar el periodo de tolerancia antes de aplicar sanciones y establecer reglas claras para distintos supuestos contemplados por la norma.
Los manifestantes también cuestionaron la eficacia de la medida para combatir la delincuencia, al considerar que la colocación de microchips en los cascos no impedirá que grupos criminales utilicen motocicletas para cometer delitos, pese a que ese fue uno de los principales argumentos del gobierno estatal para impulsar la reforma.
Los motociclistas señalaron que el miércoles iniciaba el proceso de colocación de los engomados con microchip; sin embargo, al presentarse en las instalaciones de la Secretaría de Movilidad únicamente pudieron entregar su documentación, debido a que el material no había llegado.
Entre las principales inconformidades, denunciaron que la aplicación de la reforma presenta diversas lagunas, pues no contempla con claridad casos como el de quienes rentan motocicletas para trabajar como repartidores de plataformas digitales, quienes circulan con placas de otras entidades, los propietarios de más de una motocicleta o quienes utilizan una unidad prestada por algún familiar. Ante este panorama, solicitaron que el Gobierno del Estado amplíe el periodo de tolerancia antes de iniciar la aplicación de multas, a fin de que se regularice la entrega de los engomados en todos los módulos de la Secretaría de Movilidad y se establezcan criterios claros para estos casos.
Además, insistieron en que el nuevo esquema difícilmente reducirá los delitos cometidos en motocicleta, al recordar que la reforma surgió luego de que Puebla se ubicara en 2025 como la segunda entidad del país con mayor número de ejecuciones perpetradas por personas que viajaban en estos vehículos. A su juicio, quienes participan en actividades delictivas no cumplirán con la obligación de portar el engomado.
