El Poder Judicial del Estado de Tlaxcala y la Universidad Iberoamericana Puebla firmaron un Convenio General de Colaboración Académica con el objetivo de fortalecer la capacitación y el desarrollo profesional del personal judicial mediante programas de posgrado y educación continua.
Durante la firma del acuerdo, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Fanny Margarita Amador Montes, destacó que esta alianza representa la suma de esfuerzos entre dos instituciones que comparten la convicción de que la educación, la investigación y la formación continua son elementos fundamentales para responder a las demandas de una sociedad en constante transformación.
La magistrada señaló que la actualización profesional no solo fortalece las capacidades individuales de quienes integran el Poder Judicial, sino que también contribuye a consolidar servicios públicos de mayor calidad. Añadió que una justicia sólida se construye a través de la preparación, la ética y el compromiso de quienes tienen la responsabilidad de servir a la ciudadanía.
Por su parte, el presidente del Órgano de Administración Judicial, Sergio Pérez George, afirmó que la educación continua constituye una herramienta clave para impulsar la innovación, el pensamiento crítico y la generación de soluciones a los problemas públicos. Asimismo, expresó su confianza en que el convenio abrirá nuevos espacios de colaboración, intercambio de experiencias y desarrollo académico entre ambas instituciones.
En tanto, el rector de la Universidad Iberoamericana Puebla, Alejandro Eduardo Guevara Sanginés, resaltó que tanto la universidad como el Poder Judicial comparten la misión de contribuir a la construcción de una mejor sociedad. Señaló que la búsqueda de la verdad y la correcta impartición de justicia representan una labor de alto valor social, por lo que refrendó el compromiso de la institución educativa para apoyar la formación de impartidores de justicia mediante herramientas académicas que fortalezcan su desempeño profesional.
El convenio permitirá que el personal judicial en activo acceda a programas vigentes de maestría y doctorado, así como a diplomados, cursos y talleres, como parte de una estrategia orientada al fortalecimiento institucional y la profesionalización del servicio judicial.
